Madrid, 20/02/2019.- El movimiento asociativo de Fundaciones Tutelares de personas con discapacidad intelectual se muestra preocupado ante la nueva paralización del Anteproyecto de ley que se proponía la adecuación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los criterios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte del ordenamiento jurídico español desde 2008.
La reciente decisión de disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, pausa el itinerario legislativo del Anteproyecto y mantiene la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas con discapacidad intelectual que se enfrentan a procesos de incapacitación en los que coexisten el actual Código Civil y la citada Convención, dos textos jurídicos que afrontan la prestación de apoyos desde visiones opuestas.
El texto elaborado por la Comisión General de Codificación supone un cambio sustancial que permitiría una modificación de gran calado en el Código Civil, acabando con la visión paternalista de la discapacidad que establece el texto vigente y que responde a un modelo médico obsoleto, que justifica legalmente el actual proceso de incapacitación, así como la aplicación de modelos de sustitución o representación mediante la tutela, que han sido claramente censurados por el Comité Internacional de Derechos encargado de la aplicación de la citada Convención.
Esta propuesta, -que ya había comenzado su andadura pre legislativa a falta del informe preceptivo y último del Consejo de Estado- planteaba la desaparición de la tutela en el caso de personas adultas y establecía una serie de medidas de apoyo que se adaptarían a las necesidades de cada persona con discapacidad facilitando la determinación de apoyos más o menos intensos, temporales o permanentes, en función de esas necesidades, tal y como advierte la Convención. Tanto la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), como Plena inclusión y el CERMI han participado activamente en la realización de propuestas para que el nuevo texto se adecue al modelo que defienden desde las entidades y buena parte de ellas fueron incorporadas, facilitando la existencia de un texto final alineado con las reivindicaciones del sector de la discapacidad.
La trayectoria de este anteproyecto, nacido con el anterior Gobierno, quien encargó los trabajos a la Comisión General de Codificación, así como los contactos sostenidos con las fuerzas políticas permitían pensar que, posiblemente, no encontraría demasiadas dificultades en su proceso parlamentario y podría obtener los apoyos de los diferentes partidos.
En este sentido, desde la AEFT confían que el próximo Gobierno lo retome e inicie su tramitación parlamentaria, puesto que las personas con discapacidad continúan esperando esta necesaria adaptación legal y la modernización del texto vigente, «cuya visión obsoleta difícilmente se adecua al modelo que establece la Convención, que parte de una consideración social de la discapacidad en sintonía con la que defiende el movimiento asociativo. Esperamos que no se dilaten mucho más los once años de retraso, desde la ratificación de la Convención y no se frustren las esperanzas puestas en esta necesaria reforma», asevera el asesor jurídico de la AEFT, Torcuato Recover.
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