- El Anteproyecto de Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros supone un avance histórico en el derecho de las personas con discapacidad a poder actuar jurídicamente en igualdad de condiciones que el resto, con los apoyos que necesite para tomar sus propias decisiones.
Con el anuncio de esta reforma hoy en el Consejo de Ministros, el Gobierno pretende cumplir el mandato de adaptar nuestra legislación a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado español en 2008. La citada Convención, en su artículo 12 (relativo al Igual reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad), obliga a los Estados firmantes a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida” y el derecho a ser apoyadas en la toma de decisiones”.
Gracias a esta reforma, prorrogada desde hace casi 10 años, si tiene éxito supondrá que el Código Civil pase de una visión paternalista –que opta por la sustitución o representación de las personas con discapacidad intelectual en aspectos de su vida como elegir donde vivir, o la posibilidad de testar, entre muchos otros–, a un enfoque centrado en el apoyo a la toma de decisiones de cada persona.
En este sentido, la portavoz del Gobierno Isabel Celáa en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros de hoy, ha asegurado que esta reforma se ha realizado con el “enfoque de dar a todas las personas con discapacidad el derecho que les corresponde, su dignidad humana y aportarles apoyo y acompañamiento”.
Esto, según Celáa, “supone un cambio profundo de un sistema que predomina la sustitución por otro basado en la voluntad y preferencias de las personas que serán las encargadas de tomar sus propias decisiones”.
El pasado mes de abril, Plena inclusión y su entidad estatal AEFT (Asociación Española de Fundaciones Tutelares), hicieron llegar al Ejecutivo sus propuestas para garantizar una reforma ajustada a los criterios de la Convención. Entre ellas, destacan que se garantice la participación real de las personas con discapacidad intelectual en los procesos judiciales, así como un sistema de apoyos respetuoso con las mismas y ajustado a sus necesidades, salvaguardas que eviten los conflictos de intereses, y que estas medidas de apoyo sean revisadas periódicamente para se ajusten a la evolución vital de las personas.
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