Lunes, 22 de diciembre de 2025.- Con la aprobación de la Ley 8/2021, muchas personas sintieron que por fin se abría la puerta a un futuro más justo: un futuro en el que decidir sobre la propia vida fuese un derecho plenamente garantizado. Cuatro años después, las investigaciones impulsadas por Liber en el marco del programa que nuestra Asociación desarrolla junto con Plena Inclusión —y financiadas mediante las subvenciones para actividades de interés general consideradas de interés social, otorgadas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030— ofrecen la visión más completa hasta ahora sobre cómo está funcionando realmente este cambio.
Una visión doble: lo que viven las entidades que prestan apoyos y lo que sienten las propias personas con discapacidad.
El resultado es claro: la Ley ha mejorado la autonomía cotidiana, pero la aplicación real todavía está lejos de cumplir sus promesas en todos los ámbitos.
¿Qué saben y qué sienten las personas sobre la Ley?
La investigación inclusiva -cuyas conclusiones podrán encontrarse próximamente en nuestra web—,realizada mediante grupos de discusión con perfiles diversos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, muestra una realidad llena de matices.
- La ley se conoce… pero sobre todo entre personas activistas
Quienes ejercen portavocía o participan activamente en asociaciones conocen bien el cambio de modelo.
Sin embargo, la mayoría de las personas con necesidades de apoyos en la toma de decisiones que no son activistas tienen un conocimiento mínimo o nulo de la Ley.
Lo que sí comprenden, porque lo viven, es que ahora deberían decidir con apoyo, no solo ser protegidas.
“Antes tenía tutela y no podía decidir nada. Con la Ley nueva, se supone que decido yo…”.
- Libertad cotidiana: elegir ropa, horarios, viajes…
La mayoría nota avances reales en pequeñas decisiones del día a día: ropa, actividades, desplazamientos, manejo de dinero.
La Ley ha mejorado su autoestima y ha reforzado la idea de que su opinión importa.
- Pero las decisiones importantes siguen bloqueadas
Cambiar de vivienda, decidir dónde y con quién vivir, trabajar fuera del centro, elegir pareja o convivir con ella…
En estos temas, persisten controles institucionales, familiares o sociales.
“Yo puedo decidir cosas pequeñas, pero no las grandes. Cuando pedí cambiar de centro, nadie me hizo caso”.
- Apoyos buenos y apoyos que siguen siendo control
Desde el punto de vista de las personas con discapacidad, el apoyo profesional o familiar puede ser una herramienta de empoderamiento… o una forma de control suave.
“Cuando te dicen ‘es por tu bien’, normalmente significa que no te van a dejar hacerlo”.
Y distinguen con mucha claridad entre:
- Apoyos respetuosos, que explican, acompañan y dejan espacio para decidir.
- Apoyos paternalistas, que infantilizan, convencen, frenan o sustituyen decisiones.
- Persisten barreras en la justicia
Aunque la Ley habla de garantías, la experiencia real refleja:
- juicios que no se explican en lectura fácil,
- negativas a entrar acompañadas por quien les apoya,
- procesos muy largos para revisar sentencias anteriores.
“El juez hablaba tan rápido que no le entendí. Salí peor de lo que entré”.
- Las emociones: orgullo, esperanza… y frustración
Las personas hablan de:
- Orgullo: “Ahora me siento más libre”.
- Esperanza: “Esto irá avanzando”.
- Frustración: “La Ley es buena, pero no se está cumpliendo”.
- Factores que limitan la autonomía real
Y son cuatro los factores adicionales que aparecen una y otra vez como claves para avanzar en su autonomía:
- falta de vivienda y de pisos con apoyos,
- pobreza o recursos económicos insuficientes,
- control familiar o institucional,
- desigualdad territorial, mayor en zonas rurales o insulares.
Las mujeres, además, describen más control y menos libertad.
¿Y cuál es la visión de las entidades prestadoras de apoyos?: avances sólidos, retos estructurales
Esta otra vertiente de la investigación llevada a cabo desde la Liber y que ha tenido como resultado un informe publicado en la web de la Asociación Liber complementa esta mirada desde el punto de vista organizativo, mostrando los esfuerzos realizados por las entidades miembro de la red de Liber y las tensiones que persisten.
- Cambios institucionales profundos
Las entidades han actualizado estatutos, protocolos, herramientas y procedimientos.
La gran mayoría ya trabajaban desde el enfoque de derechos, pero la Ley ha reforzado jurídicamente esta dirección.
- Equipos más formados y más implicados… pero con sobrecarga
Ha habido reorganización interna, creación de nuevos perfiles y un aumento notable de necesidades formativas.
Pero la carga de trabajo —informes, comparecencias, revisiones de sentencias— no siempre ha ido acompañada de financiación suficiente.
- Coordinación desigual con juzgados y fiscalías
La aplicación práctica depende mucho del territorio, del juzgado concreto y de la formación del personal judicial.
Persisten prácticas del modelo anterior, retrasos crónicos y falta de criterios homogéneos.
- Una transición cultural compleja
Cambiar la mentalidad de protección hacia una cultura de apoyo requiere tiempo, liderazgo y acompañamiento.
Responden las entidades:
- resistencias en algunos equipos,
- dificultades con entornos familiares muy sobreprotectores,
- necesidad de revisar dinámicas internas arraigadas.
Cuando juntamos ambas visiones: ¿qué imagen aparece?
La suma de las dos investigaciones muestra un horizonte claro:
✔ La ley ha generado avances reales
Las personas viven más autonomía en su día a día.
Las entidades han hecho un esfuerzo inmenso para adaptarse.
✔ Las personas tienen deseo, capacidad y motivación para decidir
Lo expresan con claridad: quieren una vida propia.
✔ Los apoyos bien hechos cambian vidas
Cuando se respeta la voluntad, la autoestima crece y la participación florece.
❗ Pero el sistema avanza más lento que la Ley
Las mayores barreras siguen siendo estructurales:
- justicia poco accesible,
- falta de vivienda y apoyos adecuados,
- falta de recursos económicos y financiación estable en las entidades,
- desigualdades territoriales,
- falta de criterios comunes,
- prácticas paternalistas que aún sobreviven.
Conclusión: el modelo de apoyos está en marcha, pero aún necesita impulso
La Ley 8/2021 ha abierto un camino sin retorno hacia el reconocimiento del derecho a decidir.
Las entidades y muchas personas apoyadas ya caminan por él, con esfuerzo, valentía y convicción.
Pero todavía queda trabajo para que todas las personas puedan ejercer su derecho de forma real, no solo formal.
Las investigaciones coinciden en una idea clave:
La Ley ha cambiado. Ahora le toca cambiar a la sociedad
Y eso significa invertir en apoyos personalizados, formación especializada, vivienda accesible, justicia comprensible, empleo digno y, sobre todo, relaciones basadas en la confianza y no en el control.
El derecho a decidir no es un lujo: es la base de una vida plena y autónoma y, como tal, ha de ser reconocido como derecho subjetivo en todo el Estado y las entidades prestadoras de apoyo han de contar con fuentes de financiación estables y suficientes.
Estas acciones están enmarcadas dentro del proyecto de investigación inclusiva de Plena Inclusión y han sido posibles gracias la X Solidaria, ya que debido a que muchas personas marcaron la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reserva una partida de la recaudación para proyectos como éste, que ha sido desarrollado de manera conjunta entre la Asociación Liber y Plena Inclusión.
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