- Ante el nombramiento de Carmen Montón como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Plena inclusión la organización de referencia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, pide medidas urgentes que garanticen unos ingresos básicos exentos de copago que hagan posible la inclusión social efectiva de este colectivo.
- Plena inclusión ha calculado el sobrecoste económico para una familia con un miembro con discapacidad intelectual entre 24.000 euros y 50.000 euros según el grado de discapacidad.
- También denuncia la dura regulación del copago de muchas Comunidades Autónomas, lo que supone una excesiva carga económica para las personas y familias de uno de los colectivos con mayor tasa de desempleo, menores ingresos y mayor riesgo de pobreza y exclusión.
Con el reciente nombramiento de Carmen Montón en el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social Plena inclusión espera que el impulso de la agenda social suponga el fin de los sistemas confiscatorios de Copago y el reconocimiento de unos ingresos mínimos garantizados y dignos para las personas con discapacidad y sus familias.
En concreto Plena inclusión exige la eliminación de la normativa que posibilita un copago confiscatorio, en línea con la ILP que promovió junto a CERMI y que hoy se haya atascada en el Congreso de los Diputados.
Igualmente exige la sustitución en la Ley de Dependencia del “concepto dinero de bolsillo” que esconde unos mínimos mensuales indignos que llevan a muchas personas con discapacidad a malvivir con menos de 300 euros al mes, para ser sustituido por un ingreso básico para la inclusión que sea resultado de la suma de pensiones y renta mínima o, en el caso de ser trabajador, salario mínimo interprofesional más renta mínima. Estas medidas vendrían a garantizar una vida digna y en comunidad y que sirvan como discriminación positiva para hacer frente a los sobrecostes que ya supone la discapacidad. Esta ONG ha calculado que para una familia con una persona con discapacidad moderada ascienden a 24.000 euros y que llega en las personas con más necesidades de apoyo hasta los 50.000 euros.
El Movimiento Asociativo Familiar Plena inclusión considera que la mayor inversión social posible es una política de apoyo a las familias que son, al fin y al cabo, el mayor prestador de apoyos y el dispositivo más eficaz de equilibrio y cohesión con el que cuenta una sociedad, tal y como están demostrando en esta larga crisis económica. Porque #CadaFamiliaImporta, como reza el lema del Año de las Familias de Plena inclusión.
Fuente: Plena inclusión
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