El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este martes que el Plan de Acción contra los Delitos de Odio, presentado en el Ministerio del Interior, se plasme en una ley que refuerce la protección contra los grupos sociales que están más expuestos a este tipo de violencia, “después de un año 2018 desolador para las personas con discapacidad en este sentido”.
Así lo ha manifestado el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante su participación en la presentación de este plan, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio del Interior, y que ha estado protagonizada por el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlasca. En la mesa también ha intervenido, entre otras personas, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.
“El año 2018 ha sido desolador en términos de delitos de odio para las personas con discapacidad, puesto que hemos documentado más de 50 casos que han vulnerado el artículo 16 de la Convención de la ONU de la Discapacidad, que hace referencia a la protección contra la violencia y el abuso”, ha comentado el delegado del CERMI. “Además, hemos de tener en cuenta que el problema es mucho más grave, ya que la mayoría de delitos de odio contra personas con discapacidad no son denunciados”, ha precisado.
Ante esta situación, Martín Blanco ha subrayado la importancia de que este plan se transforme en una ley para que las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representantes puedan tener un instrumento vinculante a la hora de buscar reparación en la justicia, “porque no podemos olvidar que odiar es negar la identidad de la otra persona”.
Por otro lado, el representante del CERMI ha reclamado que la accesibilidad impregne todas las medidas recogidas en este plan y para que se desagreguen las estadísticas por razón de discapacidad, a fin de tener un conocimiento de la realidad lo más amplio posible.
Por último, ha puesto en valor el hecho de que el plan haya estado participado y construido por la sociedad civil, “lo que es un ejercicio de higiene democrática y la propia Convención Internacional de la Discapacidad, que incluye el mandato de que las políticas que afectan a las personas con discapacidad se deben construir contando con las entidades representativas”.
Fuente: CERMI
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