Con el objetivo de conocer, de primera mano, de qué manera la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, está afectando a las personas con discapacidad intelectual apoyadas por nuestra red de entidades, pedimos al grupo de portavoces de Liber que lideraran una micro-investigación en sus respectivas entidades, y que invitaran a participar a otras compañeras y compañeros de la red. Los resultados que a continuación exponemos, se han alcanzado gracias a la participación de un total de 66 personas, apoyadas por 12 entidades diferentes.

La reciente modificación de la ley relacionada con los apoyos a personas con discapacidad ha generado diversas opiniones y percepciones entre los afectados.

Una exhaustiva investigación previa, realizada por Liber, ya revelaba una serie de puntos de vista y experiencias variadas respecto a la información recibida sobre la ley, los cambios percibidos en los niveles de apoyo y autonomía, así como las mejoras deseadas en el proceso legal para garantizar el respeto total de sus derechos.

A continuación, se exponen los datos más relevantes, que fueron compartidos por el portavoz de Liber, José Miguel Cassi Varela, en el transcurso del II Congreso Estatal por el Derecho a Decidir con apoyos.

José Miguel Cassi, portavoz de Liber y persona apoyada por Futubide expone el Estudio en el Congreso
José Miguel Cassi, portavoz de Liber y persona apoyada por Futubide expone el Estudio en el Congreso

A continuación, se exponen los datos obtenidos más relevantes, que fueron compartidos por el portavoz de Liber, José Miguel Cassi Varela, en el transcurso del II Congreso Estatal por el Derecho a Decidir con apoyos.

Difusión y conocimiento de la ley

La mayoría de las personas entrevistadas tienen conocimiento sobre la existencia de la ley, aunque no todas comprenden su contenido en profundidad. La forma en que se ha difundido la información tampoco ha sido homogénea, observándose casos en los que las personas apoyadas fueron informadas a través de sus fundaciones, mientras, en otros casos, el conocimiento fue obtenido oa través de redes sociales u otros medios externos.

En conclusión, se observa cierta percepción de falta de una difusión adecuada.

Percepción sobre el cambio en el nivel de apoyo y autonomía

Una parte significativa de los y las participantes reporta haber experimentado un aumento en el apoyo y la capacidad para realizar tareas por sí mismos desde que la ley cambió. Ejemplos específicos incluyen la posibilidad de tomar decisiones personales, antes limitadas, como la posibilidad de salir en determinadas ocasiones o cambios como la disminución de llamadas o acompañamientos al médico, lo que les hace sentir más independientes. Sin embargo, hay una minoría que indica no haber percibido cambios significativos en su situación.

Mejoras deseadas en los apoyos para garantizar el derecho a decidir

Las opiniones sobre el respeto a los derechos y la capacidad para tomar decisiones varían, aunque en general hay una expresión de satisfacción. Varias personas participantes mencionan que la fundación ya les proporcionaba apoyos, teniendo en cuenta sus opiniones y decisiones, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo, aún expresan tener deseos de mayor libertad y autonomía en decisiones personales, así como mejoras en la atención médica y un mayor apoyo y respeto por parte de la sociedad y de los y las profesionales.

Centrándonos en algunos casos concretos, una persona comenta que tiene dificultades para adaptarse a un nuevo equipo de referencia y para expresar sus opiniones en la residencia, a pesar del cambio en la ley. Otras personas echan en falta la universalización de este derecho y la necesidad de que en todos los lugares reconozcan su derecho a decidir.

Por otro lado, las personas participantes hacen alusión a la importancia de mejorar la atención médica y a la necesidad de considerar la discapacidad mental en la comprensión y tratamientos que reciben.

Las personas participantes también expresan deseos de más cercanía y apoyo, así como mejor educación y respeto por parte de la sociedad y los y las profesionales.

Sugerencias para mejorar el proceso legal

Los y las participantes proponen adaptar el lenguaje jurídico para hacerlo más accesible, proporcionar más tiempo para hablar y ser comprendidos y comprendidas, así como una mayor empatía por parte de los y las jueces. Además, se destaca la importancia de una explicación clara y accesible del proceso legal, así como una mayor atención a las necesidades y deseos de las personas con discapacidad.

Respecto al derecho a decidir

Las personas participantes han enfatizado sobre el respeto a su derecho a decidir y el deseo de que se tenga en cuenta su opinión en todo momento. Mencionan la importancia de promover la autonomía y tener en cuenta, siempre, las preferencias de la persona apoyada.

Percepción de las entrevistas con el juez o la jueza

Algunas personas participantes en la investigación expresan la necesidad de que las preguntas sean más fáciles de entender y desean más tiempo para conocerse, realizar más preguntas y pruebas. Por el contrario, algunas personas participantes, se sienten escuchadas y respetadas durante el proceso legal, mientras que otras, tienen percepciones mixtas y expresan preocupación por la falta de respeto a sus decisiones.

Propuestas para mejorar esta situación

Entre lo expuesto por las personas participantes, se propone adaptar el lenguaje jurídico a las necesidades de comprensión de las personas con discapacidad, evitar el uso de términos técnicos complicados y utilizar palabras más sencillas. Se sugiere proporcionar más tiempo para hablar y ser comprendidos/as, tener apoyo y preparación para expresarse mejor, y estar acompañados/as por un/a referente o facilitador en el juzgado. También se menciona la importancia de que el juez o jueza muestre más empatía, hable más claro y directamente con la persona con discapacidad, y que se tengan en cuenta sus opiniones y deseos durante el proceso legal.

El desarrollo de este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del programa Ciudadanía activa y participación.

La presentación del mismo en el II Congreso Estatal por el Derecho a Decidir con Apoyos, pudo llevarse a cabo gracias a las dos entidades patrocinadoras del evento:

Por último, agradecer la participación de todas las entidades de la red que se sumaron a esta propuesta.

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