Fundación ASANSULL

El 15 de septiembre de 1998 se constituyó mediante escritura pública y ante notario la FUNDACIÓN ASANSULL, posteriormente clasificada como de asistencia social en la Resolución de 9 de febrero de 1999 del Instituto Andaluz de Servicios Sociales e inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número CA/670.

La Fundación ASANSULL nace como una organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se haya afectado de forma duradera, a la realización de fines de interés general, propios de la institución.

La Fundación tiene como misión cuidar, proteger y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o dependientes y la de sus familias a lo largo de todo su ciclo vital, prestando para ello todos los apoyos y recursos necesarios con el fin de que consigan alcanzar su proyecto de vida, digno de ser vivido.

Los fines de interés general de la Fundación son la prestación de apoyos, la protección, salvaguarda y defensa de los derechos de toda clase y patrimonios, de las personas adultas que no pueden hacerlo por sí mismas o se encuentren en dificultades o limitadas para ello, ya sea por su discapacidad intelectual, del desarrollo o por la dependencia que tenga por razón de su edad.

La Fundación arbitrará los medios materiales y personales adecuados para ofrecer los apoyos individualizados a las personas que asista, y al efecto establecerá un modelo de apoyos que respete la voluntad y preferencias de la persona, sean proporcionales y adecuados a las circunstancias de cada uno y de cada momento; evite conflictos de intereses e influencias indebidas; sean aplicados en el plazo más breve posible y dando cuenta al efecto de todo ello, mediante examen periódico y cumplimiento de obligaciones legales, a la autoridad judicial, cuando así quede establecido.

El objetivo principal, pues, es el de velar por el bienestar y calidad de vida de las personas curateladas y guardadas de hecho de la fundación, poniendo en marcha todas las acciones y recursos necesarios para alcanzar dicho fin; para ello resulta imprescindible realizar una distribución de competencias, fundamentadas en los principios de eficacia y responsabilidad, ya que, al fin y al cabo, estamos tomando decisiones respecto a la vida de otras personas.
Por ello, delimitamos cuatro áreas de intervención diferenciadas:

– Área de Atención Personal y Social a la persona usuaria de la entidad.
– Área jurídica y Social: Asesoramiento jurídico y social a familias de PDI, del desarrollo y/o dependientes y a la ciudadanía en general.
– Área de Gestión: administrativa y contable de la Fundación y de los patrimonios de sus personas usuarias.
– Área de Voluntariado.