Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) valora, tras un año desde su entrada en vigor, la Ley de Jurisdicción Voluntaria como una ocasión perdida para adecuar el proceso de modificación de la capacidad jurídica a lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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