El pasado jueves, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) mostraba su alarma ante los datos de exposición a la violencia de género de las mujeres con discapacidad revelados por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 del Ministerio de Igualdad. Ante esta situación FCM ha exigido a los poderes públicos que reaccionen para acabar con esta situación y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) se ha sumado ha dicha exigencia.
Este estudio refleja que una de cada dos mujeres de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso a lo largo de su vida en España. En el caso de las mujeres con discapacidad, el dato se eleva hasta el 20,7% frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad, una diferencia que, a juicio de CERMI Mujeres, “debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país”.
En este sentido, desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y a través de su Estudio sobre la situación de la tutela en España (2015 – 2019) identifican que, dentro del 10% de personas apoyadas que han manifestado haber sufrido situaciones de violencia o abuso, casi un 61% son mujeres. Además, el estudio evidencia que un 19,5% de estas han sufrido situaciones de violencia de género.
En este sentido, y al igual que indican desde FCM, la AEFT denuncia que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, y argumentan que, en el caso de aquellas con discapacidad intelectual el problema se agrava todavía más, ya que «son especialmente vulnerables ante este tipo de violencia, pues tienen, entre otras, mayores dificultades de acceso al empleo, permaneciendo con frecuencia aisladas en el ámbito doméstico, aumentando así las posibilidades de sufrir dependencia económica y material respecto de sus agresores y restando su capacidad de autodeterminación,» denuncian.
Por último, acentúan la necesidad de generar mecanismos y herramientas que ayuden a detectar estas situaciones por parte de los profesionales, ya que «cabe resaltar que este dato puede ser aún más elevado, debido a la escasez de denuncias de violencia de género, asociadas al miedo a denunciar, a la falta de apoyos para hacerlo y a la falta de formación para reconocer el delito, entre otras», explican.
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