Madrid.- viernes 19 de noviembre de 2021. Los días 17 y 18 de noviembre, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) en colaboración con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, celebró en Madrid el primer Congreso Estatal sobre el derecho a decidir con apoyos, al que acudieron 150 personas de manera presencial y más de 570 lo siguieron a través de streaming.
Este evento, destaca por dos cuestiones fundamentales, en primer lugar, por su formato innovador, que garantizó la participación de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo siendo presentadores o ponentes en todas las mesas, talleres y espacios informativos, así como formando parte del público. En este sentido, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo formaron parte del diseño y celebración del evento, para ello, la organización desarrolló el mismo contando con todas las medidas de accesibilidad.
En segundo lugar, por ser el primero centrado en el Derecho a decidir con apoyos, un derecho reconocido con en la Ley 8/2021, de 2 de junio, que tras su entrada en vigor el 3 de septiembre de este año, da un giro de 360 grados en relación al reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, en especial aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo con necesidad de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica (cerca de 200.000 en España, según datos del CERMI). La nueva realidad legislativa fue abordada sobre todo durante el primer día contando para ello con diferentes agentes implicados en el cambio, entre los que se encontraban las propias personas con discapacidad, expertas por experiencia, y profesionales y referentes del ámbito jurídico, como fiscalía, notariado y abogacía y del mundo académico, en su responsabilidad de formar en el nuevo modelo.
El segundo día de Congreso se centró en el apoyo a la toma de decisiones, como concepto, todavía abstracto, sobre el que es necesario reflexionar, así como en el modelo de apoyo que se deriva de la aplicación de la Ley.
Además de los ponentes con discapacidad intelectual y del desarrollo, entre los que se encontraban varias personas apoyadas por las entidades de la red de la AEFT, portavoces de la misma o Carlos de la Torre, como representante de la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad; el congreso contó con representantes de diferentes organizaciones e instituciones políticas, jurídicas y sociales, como: la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Fiscalía, CERMI, Plena inclusión, Fundación Aequitas, Fundación ONCE, varias entidades de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica (hasta ahora Fundaciones Tutelares) y la propia AEFT.
Durante los dos días se pudieron escuchar diferentes voces y experiencias tanto estatales como internacionales, en relación a esta nueva legislación y al derecho a contar con los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica, lo que se resumió bajo el lema del congreso: Derecho a decidir con apoyos.
En este sentido, se habló de la importancia de «la colaboración entre los distintos profesionales que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad y por su plena inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás se hace particularmente necesaria. Es también un periodo en el que la orientación a las personas con discapacidad y a sus familias es importante por los cambios introducidos por la ley de apoyos que entró en vigor el pasado 3 de septiembre, por lo que nos parece muy acertada la organización de esta jornada», según Avelina Alía, Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a mayores.
También se abordó la importancia de seguir trasponiendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jurídico y a la sociedad en general, en este sentido, Gregorio Saravia, Delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad de CERMI Estatal, explicaba en la inauguración que «la sociedad debe rediseñarse para poder garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Esto que impregna la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe guiar a los legisladores y en general a los poderes públicos a la hora de garantizar el derecho a decidir con apoyos».
En relación a la aplicación de la nueva norma, se puso encima de la mesa la necesidad de seguir trabajando y de dotar de recursos a agentes jurídicos y sociales implicados para que se pueda garantizar, en este sentido «es muy importante que se financie y se reconozca en todos los territorios de España el trabajo tan bueno que hacen las fundaciones para el apoyo a la toma de decisiones y que sea reconocidas como una prestación que tiene que ser financiada de manera pública para que la ley se haga realidad», reivindicó Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
A esto se sumaron las reivindicaciones de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares que hizo «un llamamiento a las administraciones públicas. Todas las personas tenemos los mismos derechos, independientemente del lugar donde vivamos y no puede depender de vivir en un sitio u otro para la percepción de apoyos, por lo tanto, tenemos que pedir que la prestación de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica entre en todas las carteras de Servicios Sociales» explicaba Ignacio Recondo, presidente de la organización y añadía la necesidad de contar con «sostenibilidad económica para las fundaciones tutelares nos llamemos como nos llamemos, tenemos equipos técnicos para dar apoyos y la nueva ley nos obliga a seguir ese camino pero con más exigencias, y para eso necesitamos una financiación estable».
A estos retos futuros, se sumó la necesidad de que la mirada hacia las personas con discapacidad tiene que cambiar en la sociedad en general y que «todas las personas implicadas tienen que estar concienciadas, las familias, profesionales, amigos, etc., y las personas con discapacidad tienen que trabajar la autodeterminación, la autoafirmación y la independencia. Las personas como yo tenemos derecho a los apoyos porque es indispensable, ya que sin ellos no puedo tener una vida independiente y plena», contaba Carlos de la Torre, representante de la Plataforma de representantes de las Personas con Discapacidad.
El congreso se clausuró con compromisos por parte de la administración pública, en este sentido Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, además de asegurar la creación de «un centro español de accesibilidad cognitiva» una parte de la accesibilidad que «es esencial para participar en condiciones de igualdad», según el director general; también se comprometió a que desde el «Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que tener dos ingredientes: el de las personas y el de los derechos. Y esto queremos que aparezca en la Ley más importante de nuestro país, que es la Constitución Española» a lo que añadió la necesidad de modificar el artículo 49 de la Constitución Española para que se cambie «la denominación de disminuidos y que se nos llame como queremos que se nos llame, personas con discapacidad. Pero esta reforma va a ir más allá de este tema terminológico, queremos que el artículo 49 tenga esa visión de Derechos Humanos, para que cualquier ley que salga a partir de ahora, si sale con alguna dificultad para que podamos ejercer nuestro derechos, digamos que está la Convención y está el artículo 49 de la Constitución Española y dice que esa ley es inconstitucional, porque no respeta a las personas con discapacidad como personas», concluyó.
Descargar la nota de prensa en pdf:
Web del Congreso: https://decidirconapoyos.org/
Grabación del día 17: https://youtu.be/atRV8klWAv8?t=1223
Grabación del día 18: https://youtu.be/VXBeAkmXdKo?t=931
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