El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) publica su informe anual de 2017 sobre el estado de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en España. En este identifican no solo los avances, también las vulneraciones  de derechos que impiden que prosperen la inclusión y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad.

En este sentido, el CERMI espera que este documento contribuya a la toma de conciencia sobre la imagen que deja 2017 en materia de derechos humanos y discapacidad, que dicen «se tiñe de discriminación, pero en la que también se dibujan conquistas que han sido catalizadas y reivindicadas desde el movimiento asociativo CERMI para restaurar esos derechos y libertades que la Historia nos arrebató». Y es que pese a los 45 avances y 25 propuestas de mejora, 2017 deja, según este organismo, «un saldo negativo y de quiebra absoluta en el balance anual de inclusión y equidad de las personas con discapacidad en España», que se ve  reflejado en las casi 300 denuncias recibidas sobre la no garantía de derechos que recoge la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó y ratificó hace exactamente 10 años.

Entre ostras muchas reivindicaciones y denuncias, el CERMI expone que la legislación española no se adapta a lo establecido en la Convención, y sobre el artículo 12 de igual reconocimiento como persona ante la ley, reivindican «la Convención obliga a los países a aprobar leyes que respeten dicho tratado, algo que no sucede cuando al modificar la capacidad legal de una persona se le priva del ejercicio de múltiples derechos». Para dar cumplimiento al tratado, el CERMI propone, tal y como practican las entidades miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, adoptar un modelo basado en apoyos ajustados a cada persona para que «puedan ejercer todos los derechos con los ajustes razonables que necesiten, de forma que no se vean excluidas de la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la vida».

 

 

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