El Pleno del Senado ha ratificado este miércoles, 26 de febrero, la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos que pide modificar el Código Penal para acabar con las esterilizaciones forzosas de las personas con discapacidad. La iniciativa se aprobó con 247 votos a favor, dos en contra y una abstención.
La iniciativa parlamentaria, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por la Fundación Cermi Mujeres, busca eliminar la despenalización de las esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad con la capacidad modificada jurídicamente, que figura en el artículo 156 del Código Penal.
El trámite parlamentario que se inicia ahora, y que fue impulsado por el senador de Ciudadanos Tomás Marcos, fue aplaudido por las entidades que han impulsado la iniciativa y aquellas que se han sumado a la misma.
En este sentido, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), incide en que «esta es una nueva conquista por parte del movimiento asociativo que se suma al conjunto de medidas que se han ido logrando en los últimos años. El de hoy ha sido un paso más hacia la conquista del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente del colectivo que defendemos desde la AEFT, el de aquellas que tienen la capacidad modificada jurídicamente», asevera Irene Yepes, directora de la organización.
Organizaciones como Cermi, Cermi Mujeres y Plena inclusión, presentes en la tribuna en el momento de la votación, también expresaron su alegría al presenciar en directo la aprobación, con 247 síes de los primeros pasos para terminar con «una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrantes que se siguen perpetrando en el Estado español”, exponía Cermi Mujeres para Servimedia, a lo que sumaba que estas prácticas “son fruto de la eterna infantilización que se hace de las mujeres con discapacidad”.
Por su parte, Cristina Paredero, miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión, reivindicaba que «hoy en el Senado se ha dado un gran paso que permite abrir un debate en profundidad, también entre las familias de personas con discapacidad y las organizaciones, que garantice entornos y apoyos para todas las personas. Así se asegurará su derecho a una sexualidad elegida y se crearán más espacios libres de abusos”.
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