- El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado en un informe reciente notables incumplimientos
- El nuevo Ejecutivo que saldrá tras las elecciones generales del pasado 28 de abril debe corregir
Este 3 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aprovechando esta efeméride, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares se suma a Plena inclusión España, movimiento asociativo que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y reclama al nuevo gobierno que surgirá del Parlamento elegido en los comicios del pasado 28 de abril, el cumplimiento de la Convención que firmó en 2008. Un informe del Comité de Naciones Unidas, que recientemente ha evaluado a España, apunta algunas asignaturas pendientes que deberán ser corregidas.
Entre los aspectos que el informe señala destacan:
- El recordatorio a España para que reconozca que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación.
- La insistencia del Comité de la necesidad de garantizar la formación continua de los profesionales de todos los ámbitos (educativo, salud, judicial, policial, etc.).
- La urgencia de derogar la sustitución en la toma de decisiones y que se reconozca la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
- La eliminación de la esterilización forzosa.
- El reconocimiento legislativo de la asistencia personal.
- La garantía de privacidad a las personas que residen en instituciones.
- Entender la educación inclusiva como derecho.
- Aplicar de forma total y definitiva la cuota de reserva en el empleo.
- Garantizar la accesibilidad de los procesos electorales, así como la urgencia en recabar datos y estadísticas.
“Desde Plena inclusión España”, confederación que agrupa a 925 entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de todo el país, “ofrecemos el apoyo técnico que el nuevo Ejecutivo requiera porque entendemos como prioritario el cumplimiento de los compromisos que asumió el Estado español al firmar el Convenio de la ONU”, se afirma desde la organización.
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
El informe de Naciones Unidas hace además especial hincapié en el reconocimiento real del artículo 13, vinculado al acceso a la Justicia, que demanda garantías de disponibilidad de ajustes de procedimiento a las personas con discapacidad investigadas o imputadas durante todas las fases del procedimiento, así como la necesidad de formación continua a todos los operadores jurídicos y policiales.
Plena inclusión recuerda que, en sus conclusiones, el comité de expertos también urge al Estado español a que se adopten “medidas eficaces para identificar, prevenir y proteger a mujeres y niñas con discapacidad contra la discriminación múltiple, en particular, mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial”.
En cuanto a los niños y niñas con discapacidad, el documento de Naciones Unidas demanda que de “forma inmediata” se ponga fin a la institucionalización y que se adopte una estrategia que promueva entornos familiares seguros y con apoyo en la comunidad, con los plazos y la dotación presupuestaria necesarios.
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