El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a las fuerzas políticas que la posible reforma de la Ley Electoral para acortar la duración de las campañas, sobre la que se conjetura en estos momentos, incluya necesariamente el reconocimiento del derecho de voto a todas las personas con discapacidad.
A fin de evitar que las elecciones caigan el día 25 de diciembre, como sucedería si fracasaran los intentos en curso para formar gobierno y se repitiesen comicios, en la escena política se plantea la eventualidad de realizar una reforma de urgencia de la Ley electoral vigente, con objeto de reducir la duración de la campaña electoral y así lograr adelantar los comicios y eludir la coincidencia con la fiesta de Navidad.
Se reclama que la reforma de la legislación electoral se extienda también al reconocimiento del derecho de voto a todas las personas con discapacidad, de forma que ninguna de estas personas en el futuro se vea privada de este derecho fundamental.
Si finalmente se materializara esta posibilidad, el movimiento de la discapacidad reclama que esa reforma de la legislación electoral se extienda también al reconocimiento del derecho de voto a todas las personas con discapacidad, de forma que ninguna de estas personas en el futuro se vea privada de este derecho fundamental.
El 64% de las personas que reciben apoyos tutelares por parte de las Fundaciones adheridas a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares tienen el derecho al sufragio restringido por el hecho de tener la capacidad jurídica modificada, sin haber tenido en consideración las capacidades reales de la persona.
Dado que todas las fuerzas políticas han asumido este compromiso de cambio normativo en la pasada campaña, la posible reforma electoral para acortar plazos sería la ocasión idónea para acabar con una vulneración flagrante de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En España, según datos oficiales recientes de la Oficina del Censo Electoral, obtenidos a requerimiento del CERMI, hay aproximadamente 100.000 personas privadas del derecho de voto, en virtud de sentencia judicial de modificación de la capacidad, por motivos asociados a discapacidad.
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