El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, dos instrumentos que servirán de refuerzo a un sector clave para el desarrollo social del país, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la pobreza y la exclusión.
La aprobación de las dos normas, que responde a una antigua demanda de las organizaciones sociales, apoyará la labor diaria de una sociedad civil organizada que representa actualmente a más de 30.000 organizaciones no lucrativas y a unos 5 millones de personas voluntarias. Más allá de las distintas coyunturas históricas, políticas o socioeconómicas, el sector contará a partir de ahora con un marco estable que reconoce su labor activa en favor del desarrollo del Estado.
La Ley del Tercer Sector de Acción Social es la primera norma hecha por y para el sector, y entre otras cuestiones, impulsa la regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y la Comisión de Diálogo Civil, órganos que estarán adscritos a la Administración General del Estado a través del Ministerio competente en asuntos sociales, y que supondrán el espacio de diálogo, asesoramiento y trabajo conjunto de las organizaciones de acción social y de la Plataforma del Tercer Sector con el Gobierno para la legislación en materia social.
Por su parte, la Ley del Voluntariado promete dar respuesta a las actuales necesidades que plantea el sector y en su elaboración han participado la mayor parte de las organizaciones sociales de este país. De la nueva norma cabe destacar su definición concreta del voluntariado, el papel que deben ocupar las empresas, universidades y administraciones públicas en el marco de la acción voluntaria o la existencia de hasta 9 ámbitos de voluntariado, además del social.
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