Las fundaciones tutelares elemento clave para el cambio jurídico y social

DESDE LA TRIBUNA

Por Irene Yepes. Directora de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares

Por fin podemos decir que, en España, todas las personas tienen capacidad jurídica plena y, por tanto, hoy, teóricamente, estamos un paso más cerca de esa sociedad más justa e igualitaria en la que creemos muchas personas y para la que trabajamos activa e intensamente desde nuestros ámbitos profesionales, desde nuestras áreas de influencia -grandes o pequeñas- y desde nuestros espacios más personales.   

Es ese activismo la base de esta reforma y el que ha impulsado el trabajo de personas que, a título individual o de forma organizada, han contribuido a tener hoy un cambio revolucionario desde el punto de vista civil. Y, de aquí en adelante, será también esa intensidad en el trabajo y el creer que el cambio de enfoque es posible, lo que se requiera para que su aplicación cumpla con la voluntad legislativa y con nuestras expectativas.   

Porque, para hacer realidad la teoría, están implicados numerosos agentes que, como si de un engranaje se tratará, necesitan ponerse a punto individualmente para conseguir que la maquinaria, el verdadero cambio de mirada hacia la discapacidad, eche a andar. Quizás lo haga con unos primeros pasos torpes, pero con el tiempo debería funcionar y alcanzar una marcha firme, que pueda llevarse por delante todas aquellas visiones y prácticas que, hasta ahora, han determinado la vida de muchas personas, impidiendo que fueran tenidas en cuenta como lo que son, ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.   

Tendremos tiempo para hablar de cómo “poner a punto” esas piezas. De cómo el poder judicial, fiscalía, abogacía, notariado, forenses, etc., por coherencia, pero también porque tienen la obligación según establece la Convención y la misma reforma, tendrán que conocer de cerca la realidad de las personas con discapacidad, sus derechos, los principios inspiradores de la Convención, los avances en modelos y nuevas figuras de apoyos, la accesibilidad cognitiva, etc., para ejercer ese, digamos, activismo profesional que permita el deseado cambio social.   

Pero hoy, desde este espacio, quiero reivindicar el papel de las fundaciones tutelares, como otra pieza clave.  Aunque se puede llegar a pensar que, con la reforma, con la desaparición de la tutela, estaríamos presenciando el principio del fin de estas entidades, nada más lejos de la realidad. Las fundaciones, que ya no serán tutelares sino de apoyo a la toma de decisiones o al ejercicio de la capacidad jurídica, tienen en este nuevo marco legislativo un reconocimiento al trabajo que desde hace años vienen desarrollando. Una oportunidad de hacer efectiva, mediante la prometida revisión de todas las sentencias, la adaptación de los apoyos que prestan a los que la persona realmente necesita.  

La experiencia y el conocimiento acumulado en la prestación de apoyos, que han escapado de la rigidez del sistema para ir adaptándose y encaminándose hacia el desarrollo de la persona, de su autonomía y del control de una vida elegida, sitúa a estas fundaciones en el plano de entidades colaboradoras de la Administración para hacer efectivo el cambio jurídico y social.  

 Así se reconoce en el texto de la reforma, para que, tanto a nivel individual, trabajando en el ámbito autonómico, como bajo el paraguas del proyecto común que las une en esta Asociación, en el ámbito estatal, podamos aportar ese conocimiento y ayudar a construir buenas prácticas en la aplicación de la reforma, en la provisión de los apoyos, en la interpretación de la legislación y en la implicación de las personas con discapacidad en todo el proceso.  

 Y, con responsabilidad y con muchas esperanzas puestas en que se tenga en cuenta lo que propongamos, asumimos ese papel desde una posición privilegiada, la que nos da el contacto directo con las personas con discapacidad, verdadero motor de esta revolución y del activismo del que, a partir de hoy, todos deberíamos formar parte.