Con motivo del Día Internacional de las Personas con discapacidad, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) hace un llamamiento para que la Administración Pública ponga a disposición de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, de los agentes jurídicos y sociales, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias todo lo necesario para eliminar las barreras que impiden la correcta aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En este sentido, exigen que se pongan a disposición de la administración de justicia los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y procesos de provisión de apoyos según lo que establece la nueva legislación, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada persona y garantizando un proceso de revisión de sentencia o de provisión de apoyos en el que esta sea la protagonista y se tenga en cuenta su voluntad, sus deseos y sus preferencias.

Del mismo modo, y en relación con lo anterior, la Asociación ha puesto el acento en la obligatoriedad de adaptar los procesos a cada persona, sobre todo en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo, haciendo los ajustes de procedimiento necesarios y aplicando todas las herramientas existentes para intentar conocer su voluntad y no caer en la sustitución de figuras como la incapacitación total por otras igualmente restrictivas como la curatela representativa que, recuerdan, solo se mantiene para situaciones excepcionales.

Asimismo, la organización reclama el soporte económico para quienes prestan los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, ya que, desde hace años, en algunos territorios, se viene arrastrando una situación que dificulta el trabajo de las entidades de apoyo, que se ven obligadas a duplicar esfuerzos para encontrar financiación suficiente que sostenga las estructuras profesionales que se necesitan para garantizar los apoyos individualizados, tal y como expone la nueva legislación. En este sentido, también exigen el reconocimiento de estos apoyos en todas las carteras de Servicios Sociales de las diferentes Comunidades Autónomas para eliminar la desigualdad existente a la hora de poder exigir este derecho en los diferentes territorios.

La AEFT es la organización estatal que representa al movimiento de entidades de apoyo a la capacidad jurídica (Fundaciones Tutelares) y las personas que precisan de estos apoyos. Cuenta con representación en el territorio estatal y presta apoyo a más de 3.800 personas a través de su red de entidades. 

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