La reforma del Código Civil llevada a cabo en la Ley 8/2021, de 2 de junio, impone un cambio de sistema que evoluciona desde la sustitución en la toma de las decisiones a nuevos modelos de apoyo, basados en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona. Además de situar a la persona en el centro, respetar su voluntad y procurar que sea ella quien tome las decisiones sobre su vida, tanto las medidas judiciales como las voluntarias deben establecer sistemas de apoyo flexibles, individualizados, diseñados en base a las necesidades de cada uno, proporcionales y revisables.

La red de entidades miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) lleva años trabajando en esta línea y durante los últimos años se han realizado investigaciones y prácticas basadas en la evidencia que «permiten confirmar la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a través de los sistemas de apoyo centrados en cada persona, que se diseñan desde la perspectiva del modelo socioecológico de la discapacidad», explican desde la organización.

En este sentido, a finales de 2021, la AEFT, que es la red estatal de entidades de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, publica un informe sobre los factores de salud, sociales y judiciales que suponen una mayor complejidad en la provisión de apoyos a la toma de decisiones, con el objetivo de «avanzar en la identificación de las distintas realidades de las personas apoyadas y mejorar la provisión de apoyos que se ofrecen. Llevamos años identificando un aumento en el número de personas que, por diversos motivos, presentan una mayor complejidad a la hora de ofrecer los apoyos que necesitan para el ejercicio de su capacidad jurídica», aseguran desde la AEFT, que seguirá realizando este tipo de investigaciones «para incorporar los factores de complejidad de manera objetiva al modelo de apoyos», indican.

Entre las principales conclusiones del informe, que fue presentado el pasado 15 de diciembre, identifican que hay cuatro factores que prevalecen por encima de otros, con una incidencia superior al 20% y que son: patología crónica, entorno familiar desfavorable, alteraciones de conducta y deterioro cognitivo. Estos factores se interrelacionan notablemente entre sí y, adicionalmente con otro factor que es la identificación de problemas de salud mental.

Asimismo, desde un punto de vista de género, desde la organización destacan, por contraposición, la mayor edad relativa de las mujeres y el menor grado de discapacidad. Del mismo modo, los factores con mayor incidencia también son diferentes entre mujeres (entorno familiar desfavorable y situación económica deficitaria) y hombres (alteraciones de conducta y conductas adictivas).

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