El sector social y cívico de la discapacidad se ha movilizado para salvar el modelo de gestión del 0,7 % del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de interés social, amenazado por varios pronunciamientos judiciales que ignoran su decisivo impacto en el mantenimiento de los niveles de inclusión, bienestar y equidad de los grupos de población más vulnerables.
Ante el peligro de desaparición de este mecanismo de redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía, el movimiento de la discapacidad articulado en torno al CERMI ha planteado una estrategia de incidencia política en los planos estatal, autonómico y local para que el nuevo Parlamento busque una solución legal que permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad.
A juicio del CERMI –valoración a la que se suma la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)–, el modelo de IRPF para fines de interés social se ha revelado muy útil en sus casi tres décadas de existencia, por lo que su supresión por cuestiones de formalismo competencial supondría una pérdida irreparable sin beneficio para nadie, y con grave perjuicio para los sectores sociales más expuestos a la exclusión.
La tarea de incidencia del movimiento de la discapacidad perseguirá convencer a las fuerzas políticas y a los grupos parlamentarios para que adopten con urgencia decisiones legales que preserven a corto, a medio y a largo plazo el mantenimiento de este modelo de gestión social.
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