Fuente: Plena inclusión
Madrid, 19 de marzo de 2019.- “Se ha perdido una nueva oportunidad de equiparar los derechos de las personas con discapacidad, en el derecho al voto, tal y como planteaba el espíritu de la reforma de la Ley Electoral Central (JEC)aprobada unánimemente por el Congreso en 2018”, critica Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
Desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) – organización miembro de Plena inclusión, que agrupa a 27 Fundaciones Tutelares repartidas por todo el territorio español y que representa a 2.800 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que no cuentan con apoyos familiares y, por tanto, son apoyadas por estas Fundaciones- nos sumamos a Plena inclusión, considerando insuficiente la rectificación emitida por la Junta Electoral Central en relación a la directriz discriminatoria publicada la semana pasada, que permitía señalar a las personas con discapacidad que se considerase no ejercieran su derecho a voto de manera libre, consciente y voluntaria.
La confederación, que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, lamenta que se desaproveche la opción de avanzar en la igualdad real de un colectivo que ha conseguido, después de años de lucha ciudadana, que 100.000 personas con discapacidad recuperen su derecho al voto en los comicios del próximo 28 de abril.
MANTIENEN LA DISCRIMINACIÓN
De acuerdo con el texto de la modificación de la instrucción que hoy ha hecho la JEC y que han publicado algunos medios de comunicación, se mantiene la posibilidad de que apoderados e interventores adscritos a una mesa puedan apuntar en el acto el DNI de quien consideren que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.
Desde Plena inclusión España “se rechaza por insuficiente” el nuevo texto de la instrucción, ya que “solo aborda la duda sobre el ejercicio del voto libre, consciente y voluntario en un documento que se refiere a las personas con discapacidad intelectual y no en otra que aborde esta cuestión con el global de los votantes”.
La confederación que representa al movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y que trabaja en todo el Estado con un colectivo cercano a las 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se vuelve a exigir a la Junta Electoral Central una mayor claridad en la exposición de los motivos de modo que se zanje cualquier duda.
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