Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y de la Fundación Tutelar Futuro explica cómo fue el proceso de recuperación del derecho a voto de José Antonio, una persona apoyada por esta Fundación.

José Antonio era, hasta hace no mucho tiempo, uno de esos 100.000 españoles sin derecho a sufragio. A él le modificaron la capacidad jurídica a instancias de la Fiscalía en una sentencia dictada hace algunos años,  en la que se establecía su modificación de la capacidad plena y total y se le privaba del derecho de voto.

Pero la realidad es que José Antonio tiene unos niveles de autonomía personal que le han permitido acceder a varios trabajos y disponer del dinero de su sueldo, por lo que la Fundación Tutelar Futuro tenía bien claro que lo que la sentencia establecía no se adaptaba, en absoluto, a las necesidades ni capacidades reales de José Antonio, quien , además, reivindicaba su derecho de votar al partido político al que votaba hasta el momento en que se dictó aquella sentencia.

La Fundación Tutelar tuvo que tramitar un nuevo procedimiento, que chocó, nuevamente, con una visión  superficial y sesgada en el Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la demanda,  hasta que finalmente, la Audiencia Provincial de Granada dictó una nueva sentencia con fecha de 24 de Noviembre de 2017, luego rectificada con un auto posterior,  estimando íntegramente el recurso de la Fundación , en el que, aplicando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia más reciente dictada en aplicación de dicha Convención, reconoce la improcedencia de una sentencia genérica, global , que no ha respetado los niveles de autonomía propios de la persona, ni el derecho de José Antonio a que se le presten los apoyos precisos, pero no más de aquellos que necesita, y que se le restituya su derecho de sufragio electoral.

La sentencia es un nuevo e importante paso, en el camino de la aplicación de la Convención por las Audiencias Provinciales y en el respeto al derecho personalísimo al sufragio universal que, con demasiada frecuencia, ha sido privado de manera superficial, global, sin valorar que se trata de un derecho sustancial que puede usar la persona como estime conveniente. En esta línea está la reciente iniciativa legal, que ya en este momento se tramita en el Congreso de los Diputados y que conducirá, si se mantiene el apoyo político que ha tenido en su ingreso en el Parlamento, a modificar la Ley de Régimen Electoral, para evitar que los jueces priven del derecho de voto en los procedimiento de modificación de la capacidad.

El de José Antonio es un paso más, pero para él es un paso sustancial, porque son sus derechos los que estaban limitados y el apoyo de la Fundación que desempeña su tutela, has sido fundamental para alcanzar esta meta.

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