Un total de 96.418 españoles no pudieron votar el 20 de diciembre y tampoco lo harán el próximo 26 de junio. Entre ellos hay personas con alguna discapacidad intelectual en distintos grados, mayores con algún proceso degenerativo y enfermos mentales internados en un hospital psiquiátrico; los casos que contempla la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo tercero. A todos ellos se les priva del derecho al sufragio activo porque un juez los ha incapacitado y de inmediato, sus nombres han salido del censo.
Estamos hablando de casi 100.000 ciudadanos, la cifra más elevada registrada entre los años 2000 y 2015, y a la que ha tenido acceso El Confidencial a través de una solicitud de acceso a la información pública presentada el pasado 21 de octubre. La Oficina del Censo Electoral se negó a ofrecer estos datos por tener que reelaborarlos, pero este periódico recurrió y el Consejo de Transparencia falló a favor, con lo que con fecha del 11 de enero de 2016, enviaron un listado por provincias.
Desde el año 2000 hasta el 2015 ha habido un crecimiento exponencial del 659% de la población privada del derecho a voto.
De los datos obtenidos no se puede obviar el crecimiento exponencial del 659% que ha tenido la población privada de voto durante los últimos 15 años, al pasar de 12.709 a 96.418 personas. El último dato público que manejaban las organizaciones registraba a 80.000 personas y se había conocido gracias a una petición de la Fiscalía a la Junta Electoral Central. ¿A qué se debe este aumento en las privaciones del voto en España?
Por defecto, se ha tendido a incluir la privación del derecho al voto, con lo que a la larga se les ha quitado hasta el derecho más elemental de la ciudadanía, elegir a sus representantes.
A la espera de conocer la distribución de este grupo, tanto las organizaciones como los expertos coinciden en una posible explicación: el aluvión de sentencias totales de incapacidad solicitadas y concedidas con el ánimo de protegerles de abusos de todo tipo, incluidos los electorales. Por defecto, se ha tendido a incluir la privación del derecho al voto, con lo que a la larga se les ha quitado hasta el derecho más elemental de la ciudadanía, elegir a sus representantes.
Personas declaradas incapaces
Es el caso de Antonio José Toribio. Tiene 57 años, ha trabajado como funcionario y ordenanza gracias a las plazas públicas reservadas para personas con una discapacidad intelectual y pudo votar sin problema hasta 2011. Fue en ese momento cuando, con el fin de proteger su patrimonio, la familia solicitó una modificación en su capacidad jurídica y el juez consideró que debería recibir el apoyo de la Fundación Tutelar TAU. De manera sistemática, como sucede en otras sentencias de tutela e incapacidad, se incluyó expresamente que José Antonio quedaba privado de su derecho al voto, algo que de entrada ya le dio un disgusto.
Antonio José Toribio forma parte de esos casi 100.000 españoles privados del derecho al voto. En una entrevista realizada por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, él puso de manifiesto que se sentía marginado y dado de lado; como español y como ciudadano.
«Yo me siento marginado y dado de lado; como español y como ciudadano», le dijo en una entrevista José Antonio a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, de la que es miembro la Fundación Tutelar TAU. Estaba convencido de que podía votar «como cualquier otro ciudadano», y por eso, la Fundación Tutelar TAU ha colaborado de forma activa en un proceso largo y tedioso pero necesario: la restitución de su derecho de sufragio activo. Las asociaciones y fundaciones asesoran a quienes quieren recuperar su derecho al voto, pero en este proceso es clave el papel de la Fiscalía, que debe acreditar que la persona en cuestión debería estar habilitada para depositar su voto en una urna.
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares habla con Antonio sobre su inquietud por recuperar su derecho al voto
Como revelan las cifras a las que ha tenido acceso El Confidencial, el caso de Antonio no es excepcional. Y de hecho la lucha de colectivos como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Plena Inclusión (confederación anteriormente conocida como FEAPS) se remonta varios procesos electorales atrás, a través de campañas como #mivotocuenta y un proceso de pedagogía con los partidos para que se comprometan a reformar la LOREG. De hecho, CERMI ha convocado una concentración cívica el próximo 17 de junio en la Plaza de las Cortes para reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad.
«Es que te puedes encontrar a dos personas con una misma situación biofísica, una tiene derecho al voto y la otra no porque se ha modificado su capacidad jurídica. No tiene ningún sentido porque la Constitución habla del voto libre, no de la calidad de ese voto»
«Es que te puedes encontrar a dos personas con una misma situación biofísica, una tiene derecho al voto y la otra no porque se ha modificado su capacidad jurídica. No tiene ningún sentido porque la Constitución habla del voto libre, no de la calidad de ese voto», cuestiona Leonor Lidón Heras, delegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y añade: «Se dice que un discapacitado es influenciable, pero qué me dices de un chavalito de 18 años impregnado de las ideas de sus padres, ¿no es influenciable?».
Para Jesús López-Medel -jurista, exdiputado popular y expresidente de la Comisión del Congreso de Políticas integrales de Discapacidad- esta tendencia está cambiando en la sociedad por encima de la voluntad política. «En los últimos tiempos las familias están empezando a cambiar el chip y en lugar de incapacidad total la piden temporal, es decir; reconocen que su ser querido necesita asistencia para gestionar su dinero pero tratan de preservar todo lo posible el derecho al voto», explica.
«Muchos se sorprenderían con la capacidad que tienen algunas de estas personas para entender la política, lo que les interesa ver las noticias y la política (…)»
«Mucha gente con síndrome de Down sabe quién es Rajoy, distingue al señor de la coleta y tiene más sentido común que muchos habilitados para votar»
«Muchos se sorprenderían con la capacidad que tienen algunas de estas personas para entender la política, lo que les interesa ver las noticias y la política, sobre todo gente con síndrome de Down. Saben quién es Rajoy y distinguen al señor de la coleta, y tienen más sentido común que muchos habilitados», añade López-Medel. En este plano, cabe destacar la paradoja de que en 2013 se eligiera a la primera concejala con síndrome de Down, Ángela Bachiller, mientras que decenas de miles de personas en esa misma situación no pudieran votar.
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Consulta la entrevista completa a Antonio José Toribio aquí.
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