Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) califican de “clara involución de derechos” la propuesta del PP a la Comisión del Congreso con el fin de modificar la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una enmienda que impediría que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ocupar cargos electos si existe una sentencia judicial que así lo estime.
Ambas entidades entienden que esta propuesta, lejos de acercarse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, supone una clara discriminación hacia estas, al establecer que, por razón de discapacidad, el juez o jueza deberá pronunciarse estableciendo restricciones al sufragio pasivo, lo que les impediría acceder al ejercicio de cargos públicos. Este planteamiento supone una clara muestra de discriminación por razón de discapacidad tal y como se expone en la citada Convención, así como en la propia legislación española.
Con la enmienda presentada ante la Comisión, que estudia la modificación de la LOREG para garantizar el derecho de voto de las personas con discapacidad, en línea con lo dispuesto en el art. 29 de la Convención, el PP se posiciona claramente en contra de las propuestas realizadas por las entidades sociales, que advierten de que en España la falta de diligencia en lo que a derechos de las personas con discapacidad se refiere, ha llevado a los Tribunales a dictar sentencias que han cercenado el derecho a sufragio activo y pasivo de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, enfermedad mental o deterioro cognitivo, convirtiéndoles automáticamente en ciudadanas y ciudadanos de segunda sin capacidad de decidir sobre quiénes defenderán sus derechos.
Por todo ello, Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares solicitan que el Congreso lleve adelante la reforma de la LOREG tal y como acordaron todos los grupos parlamentarios por unanimidad el pasado mes de noviembre, y solicita al resto de formaciones políticas que bloqueen esta propuesta del PP.
No veo ninguna contradiccion. El juez tendra que pronunciarse en cuanto a derecho de sufragio. Si la persona no puede gobernarse por si misma y esta llamada a votar, puede encontrarse en situación de clara vulnerabilidad en manos de quien quisiera manipularla. La modificación de la capacidad busca la proteccion de la persona.