El CERMI ha reclamado al Gobierno y a los Grupos políticos del Parlamento que hagan efectivo el mandato legal que obliga a que las controversias judiciales en relación con el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia sean conocidas por la jurisdicción social, y no por la contencioso-administrativa, como ocurre ahora.
La vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en el año 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una Ley que el Gobierno debería remitir a las Cortes tres años después de su promulgación.
Transcurridos con creces esos tres años, que se cumplieron en diciembre en 2014, es el momento de que el Ejecutivo remita ese proyecto de Ley al Parlamento, de modo que los asuntos relativos a la dependencia sean competencia real de la jurisdicción social.
A pesar de ser un tema netamente social, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, más formalista, gravosa, cara y lenta que la social, lo que dificulta enormemente la protección judicial del derecho subjetivo creado por la Ley 39/2006. Esta regulación impide atacar las malas prácticas de las Administraciones sociales, dejando en buena medida indefensa a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican.
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