En los últimos meses hemos sido testigos de varias noticias relacionadas con el derecho a voto de las personas con discapacidad. En verano del año pasado conocíamos que casi 100.000 españoles no podían votar, la cifra más alta de los últimos 15 años, dato que evidencia que «pese a existir una fuerte reivindicación por parte del sector de la discapacidad, perdura la falsa creencia por parte de los agentes jurídicos de que las personas con discapacidad no tienen capacidad para votar», exponen desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT).

Es discriminatorio eliminar el derecho a voto de una persona por cuestión de discapacidad

En diciembre, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat se comprometía a «impulsar una reforma de la ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad, regulando aquellas excepciones a este derecho en aquellos supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona».Desde el movimiento asociativo de la discapacidad, ante las declaraciones de la Ministra, se exponía que en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) resulta discriminatorio eliminar el derecho a voto de una persona por cuestión de discapacidad, así como también es discriminatorio mantener legislación que solo evalúa la capacidad para votar de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Centenares de personas reclamaron ante el Tribunal Constitucional el derecho a voto de las personas con discapacidad

Después de ser testigos de este compromiso y con apenas una semana de diferencia, recibíamos la noticia de que el Tribunal Constitucional no admitía a trámite el recurso que se interponía  para el restablecimiento del derecho a voto de la ya famosa Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual. Tras esta noticia, Plena inclusión, CERMI y Down España congregaban a centenares de personas ante el Tribunal Constitucional para reclamar el derecho a voto de las personas con discapacidad, en línea con el artículo 29 de la CRPD que promueve su participación en la vida política y pública.

Desde el movimiento asociativo seguimos volcando esfuerzos por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por ello, las Fundaciones Tutelares adheridas a la AEFT intentan garantizar, entre otros, el derecho a sufragio de las personas a las que apoyan y que ha sido restringido en su sentencia de modificación de la capacidad jurídica.

Pese a existir casos como los de Mara, también hay otros que culminan con la reintegración del derecho al voto. Uno de esos casos es el de Mª José, una persona apoyada por la Fundación Tutelar Futudís, entidad que en 2015 interpuso un pleito para que ella recuperase su derecho a sufragio.

Es como si estuviera volviendo a pasar por otro proceso de modificación de la capacidad jurídica, me preguntó si sabía hacer la comida o controlar el dinero

Mª José nos cuenta que desde 1994, momento en el que pasó por el proceso de modificación de la capacidad jurídica, no podía votar y que «siempre quise hacerlo y sentirme como una ciudadana más», asevera. Ella pensaba que iba a ser un proceso largo y tedioso, pero finalmente no lo vivió así, «pensé que iba a ser mucho más largo de lo que fue, pero aun así hubo cosas que no me gustaron», expone, y es que las preguntas que le hicieron no le parecieron las adecuadas. «Estuve muy cómoda con el médico forense que me preguntó qué son los partidos políticos o quién era el presidente del Gobierno. Pero la jueza me hizo preguntas que no me gustaron, como por ejemplo si sabía hacer la comida o controlar el dinero», se queja y es que como comenta Rosa, su referente de tutela, «es como si estuviera volviendo a pasar por otro proceso de modificación de la capacidad jurídica y no de valoración de su capacidad para ejercer el derecho a voto».

Me gustaría que todos pudiéramos elegir a los políticos, es importante poder elegir a las personas que van a tomar decisiones importantes

Mª José consiguió la reintegración de sufragio activo, pero no pasivo, es decir, que no podrá presentarse como candidata en procesos electorales, pero sí podrá votar. De hecho ya ejerció su derecho a voto en las últimas elecciones generales y pretende seguir haciéndolo «somos como el resto de las personas y nuestra opinión también cuenta. Me gustaría que todos pudiéramos elegir a los políticos y que a ellos les importásemos. También es importante poder elegir a las personas que van a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, a mí me preocupa que nos suban la luz o que hagan la ciudad accesible», reivindica.

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