Tras la realización de las jornadas “Redes de diálogo colaborativo sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, celebradas gracias al apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares habla con el Delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención, Jesús Martín Blanco.
Tras su participación como ponente y moderador en dichas jornadas, Martín Blanco acerca su visión sobre algunos de los temas relativos a los derechos de las personas con discapacidad, reflejados en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un texto ratificado por España en 2008 y «que nos ubica en un lugar de donde nunca debimos salir: la dignidad, la igualdad y la libertad,» asevera Martín Blanco.
Pregunta-¿Cómo valorarías las jornadas “Redes de diálogo colaborativo sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” que realizamos en noviembre con personas universitarias de los ámbitos del derecho y la discapacidad?
La Universidad, como centro de conocimiento, y la justicia como garante de la igualdad y del Estado de Derecho son dos ámbitos estratégicos cuando hablamos de Derechos Humanos y discapacidad. Sin duda, ha sido un acierto dirigir la mirada a lo académico, porque allí se forman las nuevas y nuevos juristas y a la propia Justicia para hacerla más permeable a un Tratado -la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que por tanto es de obligado cumplimiento para los Estados, que como España, lo han ratificado.
Asimismo, se trata de un encuentro innovador en su contenido, al abordar y poner en la agenda una de las cuestiones más reveladoras de esta Convención como es el Igual reconocimiento como persona ante la ley, que recoge el artículo 12, un artículo que determina, sin dobleces, que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás, en todos los aspectos de la vida.
Este asunto, que parece una obviedad, no lo es para aquellos hombres y mujeres con discapacidad intelectual cuya capacidad ha sido modificada, es decir, se les reconoce que son titulares de derechos, pero son ejercidos por otra persona. Por eso creo que esta Jornada es una buena práctica para recodar a aquellos y aquellas que aplican e interpretan la Ley que el ejercicio y la titularidad de derechos es un hecho consustancialmente indivisible.
Pero también ha sido innovador en su formato, ya que la fórmula de World Café ha facilitado ese diálogo generador de opinión, de reflexión y de conocimiento que contribuye a que este tratado revolucionario en materia de inclusión, igualdad y ciudadanía trasmine en las mentes para abrirlas al respeto y a la inclusión.
P-¿Cuál crees que es el impacto de estas iniciativas?
El impacto es y debe ser transformador para superar aquellos enfoques paternalistas que protegen apartando y no apoyando y para insistir a los profesionales y los futuros profesionales de la judicatura, la fiscalía o la abogacía que el único abordaje que se puede hacer de la discapacidad es desde los derechos humanos.
Desde mi punto de vista hay que aplaudir iniciativas como esta, que promueven la toma de conciencia hacia la ciudadanía con discapacidad, que fomentan el respeto de nuestros derechos y dignidad, y que luchan contra los prejuicios que nos dicen que lo más seguro es lo que más protege pero sin considerar la participación de la persona. Estas Jornadas expresan alto y claro que la persona con discapacidad debe salir de la periferia y situarse en el centro de sus decisiones.
P- ¿Cuáles crees que son los retos para las Fundaciones Tutelares en relación a la Convención?
Todas las organizaciones de la discapacidad somos responsables del cumplimiento de las exigencias de este Tratado, por eso vuestro papel es determinante en la construcción de esa nueva mirada hacia la discapacidad, basada en el enfoque de derechos humanos asumidos por la Convención.
Resulta paradójico que las juezas y jueces sigan preguntando: ¿La persona tiene facultades para el ejercicio de su capacidad jurídica? Si la respuesta es No, se la sustituye. A la luz de la Convención esta pregunta se debería formular de esta manera ¿Qué tipo de apoyos requiere esta persona para el ejercicio de su capacidad jurídica? Se trata este de un reto que todas y todos deberemos asumir como propio, y que tiene mucho que ver con vuestra contribución en la mejora de la calidad de vida y en la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Y porque no; revisar la nomenclatura de nuestras organizaciones, al fin y al cabo las palabras crean y construyen pensamiento. Por tanto, debemos apostar por denominaciones coherentes con los principios y valores de un Tratado que nos ubica en un lugar de donde nunca debimos salir: la dignidad, la igualdad y la libertad.
P-¿Y los retos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que son apoyadas por estas entidades?
El verdadero reto es que estos hombres y mujeres conozcan sus derechos y que los reivindiquen. Una aliada clave para lograrlo será la formación de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y de los profesionales que trabajan con ellas; porque de esta manera reconocerán sus derechos y podrán identificar y responder ante las vulneraciones a los mismos.
Ahora bien, no puedo dejar de subrayar que a día de hoy, las personas con discapacidad cada vez estamos más empoderadas y con menos miedo. Esto es algo que se ha fraguado desde las organizaciones de movimiento asociativo del CERMI, verdaderas catalizadoras de la igualdad transformadora del cambio sociocultural como obligación jurídica. Una igualdad que cuestiona esa visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad y contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación.
P- Según el Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España existe un desigual reconocimiento y garantía de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual (servicios de tutela) entre las Comunidades Autónomas, lo que genera desigualdades para la ciudadanía en el acceso y garantía de estos servicios. A las diferencias entre CC.AA, se le suma el desigual nivel de apoyo público, que en todos los casos resulta deficitario para cubrir el gasto que supone un adecuado desarrollo de estos servicios. ¿Qué medidas considera que se deberían de tomar para asegurar el apoyo a todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que vivan?
La Convención es un tratado que debe incidir en todas las Administraciones Públicas, precisamente las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos son las más cercanas al día a día de la ciudadanía. Por este motivo, nuestra Constitución consagra la regulación básica de la igualdad de los españoles y españolas como la primera de las competencias reservadas al Estado.
En este caso y en muchos otros, como pueden ser la accesibilidad universal o la educación, el Estado debe velar y articular garantes de Igualdad para que los derechos humanos de las personas con discapacidad dejen de ser una realidad precaria y deficitaria por el mero hecho de vivir en uno u otro territorio.
A esto hay se suma el todavía desconocimiento o las resistencias de los operadores jurídicos para apelar a este punto de la Convención, cuya aplicación directa o por vía interpretativa, mediante de los artículos 96 y 10.2 de nuestra Carta Magna, posibilitaría hacer de la justicia un entorno menos hostil, más amable y accesible para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
P- Por último, ¿Cuáles son los retos conjuntos que se nos plantean a la AEFT y sus Fundaciones y al CERMI?
El reto es un mandato que asumimos hace once años, el CERMI, además, está designado oficialmente por el Estado español como mecanismo independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención desde el año 2011. Eso nos da una serie de atribuciones reforzadas en relación con Naciones Unidas y con el Estado español como signatario de este tratado internacional de derechos humanos.
En este sentido, debemos empeñarnos desde nuestras diferentes responsabilidades y espacios de incidencia para que este Tratado no solo se invoque, sino que sea la brújula que guíe el diseño y aplicación de las políticas públicas de nuestro país. Y hacer pedagogía de la denuncia como un instrumento del Estado de Derecho para hacernos valer; y sobre todo para revertir la situación de vulneración sistemática y estructural en esferas críticas para nuestra inclusión y bienestar como son los derechos civiles y políticos, la educación, la accesibilidad universal a bienes, entornos, productos y servicios o la capacidad jurídica que se nos sigue cuestionando y que está impidiendo nuestro derecho al sufragio y que legitima los internamientos o esterilizaciones forzadas a mujeres y niñas con discapacidad, algo intolerable desde un punto de vista de la exigencia de inclusión e igualdad de trato.
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